10 de Octubre, 2006, 1:18

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto MIR a pesar del rechazo mostrado por residentes y sindicatos El Gobierno destaca la mejora de las condiciones laborales para los médicos en formación que trae esta norma frente a las lagunas denunciadas por las organizaciones sindicales, que apoyarían la convocatoria de una movilización general de todo el personal de residencia    Ni las quejas de los sindicatos ni los anuncios de movilizaciones por parte de los residentes ha frenado la aprobación definitiva del Real Decreto MIR . El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud tras un largo periodo de tramitación que ha certificado la brecha existente desde que se cerró sin acuerdo la mesa de negociación el 9 de febrero entre la Administración y los representantes sindicales, que ya han manifestado su intención de alentar una manifestación de residentes en toda España. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, resaltó que, con este documento, "estos profesionales van a mejorar sustancialmente sus condiciones laborales", ya que se trata del primer marco jurídico estable que recoge los derechos de los MIR en el ámbito laboral. Los puntos estrella de este documento son el incremento medio del 18% del sueldo base, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana, la limitación a un máximo de siete guardias al mes y mejoras concretas sobre la protección integral contra la violencia de género y sobre la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. De la Vega también ha respondido a aquellos que criticaban la ausencia de los aspectos de carácter formativo en el Real Decreto. Así, reveló que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud se ha comprometido a entregar un borrador de esta norma que abordará la definición de la unidad docente, las figuras docentes y la evaluación de los residentes, entre otras cuestiones, antes de que finalice el presente mes de octubre. "Un texto clandestino" La vicepresidenta del Gobierno ha mantenido que el texto es fruto "de un amplio proceso de negociación tanto con las comunidades autónomas como con los sindicatos". Pero estas indicaciones distan de la realidad expuesta por las centrales sindicales, que han denunciado la falta de diálogo de la Administración. "El borrador, desde que ha salido del Ministerio de Sanidad, ha vivido un proceso de oscurantismo y secretismo", ha explicado el representante de CCOO, Iñaki Gurrea, que ha criticado que se ha hecho caso omiso a las alegaciones que ha presentado la organización. De hecho, ha asegurado que el documento aprobado en el Consejo de Ministros "es el mismo, sin cambiar ni una coma, del que presentó el Ministerio de Sanidad el 9 de febrero". Gurrea ha afirmado que la mejor respuesta frente a "este texto clandestino" es "una movilización general del personal en residencia en toda España". El secretario general de CESM, Carlos Amaya, ha optado por esperar al dictamen que vaya a realizar los servicios jurídicos del sindicato, que a lo largo del fin de semana analizarán al detalle el documento. Sus conclusiones se harán públicas el próximo lunes en el transcurso del II Foro sobre problemáticas y alternativas de médicos especialistas en formación, que organiza el sindicato junto a AEMIR, semFYC, Semergen, OMC y CEEM. A pesar de este compás de espera, Amaya ha reiterado su intención de impugnar el Real Decreto una vez éste sea publicado en el Boletín Oficial del Estado por registrar "un defecto de forma" al no haber cumplido con el trámite de audiencia. "No se ha permitido ni una alegación por parte de las organizaciones representativas de los residentes", ha indicado el secretario general de CESM. La tramitación del Real Decreto MIR ha sufrido varios vaivenes desde que concluyeron las mesas de negociación entre los sindicatos y la Administración el pasado 9 de febrero. Hasta el 11 de julio pasado no llegó el borrador al Consejo de Estado, que decidió devolverlo al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al comprobar que faltaba documentación. Tras completar estas pesquisas, la Administración entregó el documento nuevamente al Consejo de Estado, que ésta vez sí aprobó su tramitación, con fecha del 25 de septiembre.

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