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Interconsulta sí

Enlace permanente 21 de Noviembre, 2006, 20:34

El error en urgencias por omitir una interconsulta se indemniza
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha puesto de manifiesto la importancia de las interconsultas entre los servicios con una condena a la Administración por un error diagnóstico que podía evitarse si en urgencias se hubiese pedido el asesoramiento a los ginecólogos.
 
 
La responsabilidad de los servicios de urgencias vuelve a ser analizada en los tribunales, esta vez por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que aborda la necesaria interrelación de este área con el resto de los servicios. Los magistrados del tribunal madrileño han condenado a la Administración por un error en el diagnóstico de una peritonitis que podía haber sido detectada si los facultativos de urgencias hubiesen solicitado una interconsulta al servicio de ginecología.

Según el fallo, la paciente acudió a un hospital con un dolor hipogástrico de 15 horas de evolución acompañado de sensación de mareo, tenesmo vesical y náuseas. Tras la exploración abdominal, los médicos solicitaron la intervención del servicio de cirugía general, que refirió un abdomen normal sin signos de irritación peritoneal, por lo que la paciente fue dada de alta con un tratamiento farmacológico y pese a que el informe mencionaba una posible rotura de quiste folicular.

Al día siguiente la enferma regresó al hospital por cambios en la localización del dolor, y fue remitida al domicilio con la misma medicación. Veinticuatro horas después ingresó en el servicio de ginecología para ser intervenida de un quiste ovárico torsionado. En el desarrollo de la operación los cirujanos encontraron una peritonitis generalizada y perforada por una apendicitis no tratada.

La resolución se apoya en las conclusiones de dos informes periciales que coinciden en señalar que la primera vez que la enferma acudió a urgencias "existían una serie de datos que podían orientar el proceso y que invitaban a pensar directamente en una apendicitis".

Los peritos -uno nombrado por la inspección médica de la Administración y otro por el tribunal- censuran a los médicos de urgencias por no consultar con el servicio de ginecología ante la "sospecha de una enfermedad en el ovario derecho asociada a leucocitosis con neutrofilia". El asesoramiento de los ginecológicos era preciso para "descartar un quiste de ovario torsionado o para confirmar sencillamente que el útero y los anejos eran normales, eliminando así la causa ginecológica", más aún cuando a la paciente se le dio de alta con una posible rotura de quiste sin confirmarse.

Patología encubierta
El error en el diagnóstico propició que el tratamiento prescrito también fue incorrecto y, en opinión de los peritos, "excesivo para algo tan banal y que enmascaró claramente los síntomas para el correcto seguimiento de la evolución de la enferma". Los informes avalan la consulta con el servicio de cirugía general, pero aprecian que "esa buena dirección que se estaba llevando se rompe, ya que ni se explora ginecológicamente a la paciente ni se llama al ginecólogo, escogiéndose un camino equivocado".

La sentencia, que acoge los argumentos de Rafael Martín Bueno, abogado de Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias, impone una condena de 12.020 euros, descarta el argumento de la Administración de que la actuación de los cirujanos de urgencias fue correcta al descartar que la patología requiriese una intervención urgente, cumpliendo así las funciones encomendadas. El fallo recuerda que "la obligación de los profesionales de la medicina es prestar la asistencia cuando lo requieren los servicios sanitarios, con independencia de a quién correspondan las particulares funciones dentro del servicio".

Medidas de precaución
La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid censura el alta de una paciente con un diagnóstico que no había sido confirmado por los especialistas y que fue tratada con una medicación que enmascaró la verdadera patología. Los hechos analizados por el tribunal madrileño tuvieron lugar dentro de un centro hospitalario, pero la necesidad de la consulta con los especialistas ante una sospecha diagnóstica ha sido estudiada por otro tribunal: la Audiencia Provincial de Madrid condenó hace cuatro años a un médico que, estando de guardia en un ambulatorio, no derivó a un niño con un dolor testicular al especialista; esta omisión le supuso al menor la pérdida del testículo y al profesional una sanción de 24.000 euros.
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