Una sanción injusta
Las
juntas de personal de dos hospitales de Sevilla han firmado un escrito
de apoyo a los cuatro médicos que han sido expedientados -y
se exponen a sanciones de dos años de suspensión de empleo- por unas
declaraciones críticas con el funcionamiento de los servicios de
urgencias en el desdichado caso del futbolista Antonio Puerta.
Modestamente, yo también lo firmo, desde aquí.
La razón es bien
sencilla: las supuestas declaraciones de los médicos, emitidas en un
programa de telebasura de cuyo nombre no quiero acordarmepara no
hacerle publicidad, no fueron tales declaraciones. Se grabaron con cámara oculta. Los
telebasureros, fieles a su condición, sonsacaron los comentarios
críticos con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los cuatro galenos en una conversación que éstos creían privada, y luego los hicieron públicos buscando expresamente el escándalo; es decir, la audiencia que todo parece justificarlo.
Pero
hay cosas injustificables, y una de ellas es precisamente sorprender la
buena fe de cualquier persona atribuyéndole afirmaciones que o no ha
hecho o las ha hecho en la confianza de que estaba hablando en privado.
Los
periodistas -o lo que sean- que han defraudado esa confianza y los
productores y patronos que les han forzado a hacerlo dejan mucho que
desear desde el punto de vista de la deontología profesional.
Es más grave aún que el Servicio Andaluz de Salud haya dado carta de naturaleza a esta actuación y la haya utilizado como argumento para un expediente sancionador,
casualmente dirigido contra médicos que cuestionan su funcionamiento y
organización, al menos en el apartado de urgencias.El derecho a la
intimidad de los cuatro médicos ha sido vulnerado.
Es paradójico que los tribunales
hayan absuelto en numerosas ocasiones a narcotraficantes de
culpabilidad manifiesta porque las escuchas telefónicas en las que se
basaba la acusación no habían sido autorizadas por el juez o
no se hicieron con todos los requisitos legales y, en cambio, el SAS
pretenda castigar a unos profesionales de la medicina sobre la base de
unas declaraciones obtenidas con engaño.
Debajo
de este caso late una cuestión de suma importancia, a saber, que en el
sistema democrático todo el mundo es inocente mientras no se demuestre
lo contrario... por los procedimientos garantistas que marca la ley.
No
de cualquier forma, no espiándolo sin permiso del juez, no usando una
charla privada, que se creía amistosa e informal, como si fuese una
declaración pública.
El Servicio Andaluz de Salud debe archivar los expedientes, aunque sólo sea para no tratar a sus empleados disidentes peor que los jueces tratan a los traficantes de droga.
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