Se están confirmando las previsiones más pesimistas sobre la
capacidad de gestión sanitaria de nuestras Administraciones Públicas. No es que
quedara mucha duda al respecto, pero la realidad se empeña en ser tozuda y en
mostrar que las decisiones en torno a la Sanidad deberían quedar lo más lejos
posible de los ámbitos políticos. Todo comenzó con nuestro anuncio de un futuro
déficit de médicos (Demografía médica en España. Mirando al futuro. Madrid:
Fundación CESM; 2005), que ya anticipamos en 2003. Se nos miró con escepticismo
en los diferentes ámbitos de decisión política, salvo allí donde ya se vivían
problemas (como es el caso de Canarias y Extremadura). Durante más de dos años,
los políticos escucharon nuestro anuncio, lo pusieron en duda y decidieron
revisarlo, para llegar a las mismas conclusiones. Pero pasó todo ese tiempo sin
tomar la decisión adecuada: mejorar la planificación, conocer mejor la realidad
profesional y comenzar a organizar un incremento de la capacidad formativa.
Por fin comenzaron a surgir las dificultades, y comenzó a no
haber médicos para cubrir todas las necesidades. Saltaron las alarmas, nuestros
políticos se dieron cuenta de repente de que algo pasaba, y comenzaron a hablar
de déficit de médicos. Aún así, tuvimos que esperar hasta el pasado 2007 para
ver el informe oficial del Ministerio en torno a la demografía médica: se
confirmaban las previsiones y se recomendaba el incremento de la formación de
pregrado.
A pesar de todo, algunas organizaciones del entorno profesional
continúan negando la realidad, con análisis erróneos que parecen estar diseñados
para alcanzar las conclusiones prefijadas: no faltan médicos, es que están mal
distribuidos, así que no aumentemos el acceso a las Facultades. En el fondo
está, casi con toda seguridad, el miedo a que se tomen decisiones políticas
basadas no en la evidencia, sino en la videncia y la iluminación que suele
caracterizar a nuestros políticos, sobre todo en época electoral. Al final, esas
instituciones profesionales van a demostrar tener razón en que es mejor
disfrazar los datos y forzar los resultados que presentar la realidad tal cual
es, ante la incapacidad de la clase política para aceptar ésta en su
complejidad.
Desde aquí seguiremos defendiendo que lo que una sociedad
necesita para avanzar en el nivel de satisfacción de sus ciudadanos sólo puede
ser el conocimiento lo más exacto y concienzudo posible de la realidad.
Seguiremos denunciando los análisis inexactos a la vez que profundizando en ese
conocimiento lo más fiel posible de la realidad, aún a pesar de las
dificultades. Y seguiremos pidiendo prudencia y responsabilidad a nuestros
políticos, virtudes ambas que sólo se ponen de manifiesto cuando uno se toma en
serio la realidad, en toda su complejidad.
Desgraciadamente, las noticias en torno a la apertura de nuevas
Facultades y a la evolución del numerus clausus demuestran, una vez más, su
falta de prudencia y de responsabilidad. Aún más, su falta más absoluta de
racionalidad. Intentaré demostrarlo en lo que sigue. Hace unas semanas, ante la
evidencia de la necesidad de incrementar el numerus clausus y la carencia de
médicos en algunas especialidades y áreas geográficas, el Ministerio de
Educación comprometió el incremento de un 40% en el número de plazas de acceso a
las Facultades de Medicina para los próximos cuatro años. Nosotros nos
encontramos entre los que creemos que un incremento prudente es necesario, pero
entendemos que no se dan las condiciones para comprometer cualquier incremento
para un período mayor de uno o dos años. ¿Por qué? Pues porque son muchas las
lagunas de conocimiento en torno a la evolución de la profesión médica española
en el futuro: cuántos médicos de otros países vendrán, cuántos de ellos
pretenderán quedarse en nuestro país, cuántos médicos que ya habían abandonado
cualquier idea de ejercer su profesión se pueden reincorporar a la actividad
profesional a través del actual sistema MIR, cuántos de nuestros médicos que
emigraron pueden volver… Todos ellos ocuparán un lugar en nuestro sistema
sanitario, y con todos ellos hay que contar a la hora de planificar la formación
médica de pregrado. ¿Se ha avanzado algo en el conocimiento de estos aspectos?
Nada.
Pero la realidad aún nos podía sorprender más, y así lo ha
hecho. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con su Presidenta y sus Consejeros
de Sanidad y Educación al frente, nos acaban de revelar en toda su profundidad
la incapacidad de la clase política para hacer frente racionalmente a los
problemas sanitarios. En medio del caos que está suponiendo la apertura de los
nuevos hospitales, se descuelgan con el anuncio de la creación de cuatro nuevas
facultades, tres de ellas privadas, y con la petición de ¡doblar! el numerus
clausus correspondiente a Madrid para el año próximo y de hacerlo desaparecer en
el futuro. La fundamentación de la decisión es, cuando menos, irrisoria: la
previsión de jubilaciones para los próximos diez años, que ronda los 2.100
facultativos (en torno a 210 al año); ni siquiera coincide con la previsión que
se desprendería de atender a la cifra de médicos colegiados que superan los 55
años, que arrojaría la cifra de 4.800 médicos. ¡Si ya se forman en las
facultades madrileñas en torno a 700 anuales! Y cualquier incremento no tendrá
efectividad hasta pasados 12 años. La verdad es que sólo con levantar un poco la
mirada (quizás sea mucho pedirles, es ir más allá de sus cortos plazos
electorales) se hubieran dado cuenta de que las cifras que les pueden valer para
justificar el incremento de la formación las pueden encontrar en las
jubilaciones de la próxima década: 9.585 si atendemos a la edad de los
colegiados en nuestra Comunidad. Es decir, 958 al año. Ante esta cifra sí
estamos en claro déficit. Y se justifica el incremento, aunque moderado y
prudente, del numerus clausus.
Sin embargo, solicitan doblar dicha cifra, para alcanzar los
1.400 médicos formados al año, ¡para los que ni siquiera podemos garantizar la
formación especializada! Bien es cierto que la población continuará creciendo y
envejeciendo, pero suponer que ello hará necesario formar un excedente anual de
500 médicos es posiblemente demasiado atrevido, salvo que se quiera dotar de una
bolsa de médicos en paro que garantice cualquier posibilidad de contratar
médicos en condiciones infrahumanas (como se nos tenía acostumbrado hasta hace
poco, y aún persiste en algunos lugares de la geografía española). Eso sin
contar con la atracción que nuestra Comunidad ejerce no ya sólo sobre los
médicos de otras regiones de nuestro país, sino también de allende nuestras
fronteras, y las otras lagunas de conocimiento mencionadas más arriba para el
conjunto de España. Y todo ello sin un Plan de Ordenación de Recursos Humanos.
O, lo que es aún peor, con un Plan Secreto de Ordenación de Recursos, que, desde
luego, no conocemos.
¿Qué es lo que se pretende realmente? Probablemente, surtir de
mano de obra barata a las empresas de gestión de los servicios sanitarios. Y,
por supuesto, gastar dinero, público o privado, y un fuerte esfuerzo personal,
en una formación que, o bien acaba en la cola de una oficina de empleo, o se va
a resolver los problemas de otros países que, quizás con más prudencia que el
nuestro, decidan mantener sus numerus clausus.
Lo que se plantea es volver a las cavernas (o casi). Cuestión
de irresponsabilidad temeraria. O, mejor, de imprudencia temeraria, tal y como
lo define el Derecho. O, más aún, de incapacidad política para gestionar el bien
común. ¿Hace falta más para volver a pedir prudencia, racionalidad y
responsabilidad a nuestros políticos?
miércoles, 20 de febrero de 2008.
Publicado por: CESM
